Santo Domingo.- El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara afirmó ayer que la nueva Constitución, proclamada ayer por la Asamblea Nacional, carece de legitimidad democrática, porque los resultados del proceso de consulta no fueron vinculantes al texto sustantivo, sino a un acuerdo personal entre el presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado.Tras criticar el discurso pronunciado el lunes por Vargas Maldonado, a través de una cadena de radio y televisión, el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo afirmó que Fernández y Vargas dejaron de lado “la deuda histórica que se tiene con este país de ofrecerle una reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente”.
Apuntó que al momento de celebrarse los encuentros entre el presidente Fernández y Vargas Maldonado, éste no era presidente del PRD y por consiguiente no tenía autoridad ni legitimidad para concluir ningún acuerdo con el PLD y el gobierno.
Según Gómez Mazara, Vargas Maldonado incurrió en igual error al designar, por cuenta propia y no por cuenta del partido, una comisión supuestamente partidaria, como la definió en su alocución, porque tampoco tenía facultades estatutarias para ello.
“No es cierto que el Tribunal Constitucional constituya un avance judicial, porque el control de la constitucionalidad durante los últimos 12 años ha sido efectivo, fecundo y, sobre todo, apolítico”, afirmó Gómez Mazara.
Agregó que la creación de ese tribunal conllevará una gran inversión de recursos que no se justifican ni por instancias de inconstitucionalidad que habitualmente se elevan, ni por las dificultades presupuestarias del país.
Gómez Mazara le recordó a Vargas Maldonado que el pacto de la Moncloa se suscribió el 25 de octubre de 1977, no en el 1974, como afirmara en su discurso, y que la coyuntura española de entonces era absolutamente diferente a la del país cuando él firmó su acuerdo con Fernández.
Datos históricos
Explicó que la Moncloa no fue el consenso de dos dirigentes políticos, sino de los partidos con representación legislativa y los grupos empresariales y sindicales más influyentes de España. “Además, el objetivo no era convertir a los legisladores en estampillas, sino estabilizar la transición del franquismo al sistema democrático, reglamentar el gasto publico con eficiencia y transparencia, y consensuar una política económica adecuada”, expresó Gómez Mazara, tras señalar que sólo así se pueden sentar las bases para el desarrollo de una sociedad democrática.
Fuente: Listindiario.com
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