El Senado de EEUU aprobó ayer una extensa reforma migratoria que legaliza a la población indocumentada y fortalece la seguridad fronteriza, pero afronta un rumbo incierto ante las advertencias republicanas de que esta encontrará su tumba en la Cámara de Representantes.
Esta reforma, una tarea inconclusa desde el último intento en 2007, fue aprobada por 68 a 32, con el “sí” de 14 republicanos que se sumaron a los 52 demócratas y dos independientes.
Sin embargo, y pese al riesgo político que supone de cara al creciente electorado hispano, los republicanos han asegurado que la reforma, tal como fue aprobada hoy, encontrará su tumba en la Cámara baja.
“Este proyecto de ley se aprobará en el Senado, pero no con mi voto, y en su versión actual, no va a convertirse en ley”, sentenció el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch Mc- Connell.
El presidente de la Cámara baja, el republicano John Boehner, aseguró que su bancada se reunirá el próximo 10 de julio para trazar su propia estrategia y no hará un simple calcado de la versión del Senado.
El “Grupo de los siete” que negocia la reforma en la Cámara de Representantes -uno menos que los ocho del Senado, después de la renuncia del republicano Raúl Labrador- aún no ha presentado su propio plan.
El congresista demócrata Luis Gutiérrez, miembro de ese grupo, dijo ayer que “ha comenzado la cuenta atrás no solo para el Partido Republicano, sino también para los 1,400 indocumentados que son deportados cada día ante la ausencia de una reforma”.
En el entramado parlamentario, las opciones para la Cámara baja son pocas y cada una tiene sus riesgos: rechazar la versión del Senado y elaborar una similar; debatir una completamente nueva, o debatir medidas parciales por separado e incorporarlas en un solo paquete.
En todo caso, las dos versiones tendrían que ser armonizadas en un solo texto y votado de forma definitiva, previsiblemente después del receso de agosto.
La del Senado, la mayor desde la de 1986, se apoya en tres pilares: la legalización de los indocumentados; la regulación de futuros flujos migratorios; y el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México, por donde se cuela la mayoría de los indocumentados.
El punto fundamental de la medida, negociada entre bambalinas desde enero pasado por el “Grupo de los ocho” del Senado, es que sin el sellado de la frontera no habría posibilidad de conseguir la residencia permanente.
Los expertos coincidieron ayer en que, al contrario que en 2007, el panorama político ahora es más propicio.
“La gente subestima el enorme cambio político que ha habido desde 2007. El voto en el Senado ayudará a dar forma al debate en la Cámara de Representantes y creo que esta también apoyará la reforma migratoria”, dijo Angela Kelley, analista del progresista Centro para el Progreso Estadounidense.
Listin Diario
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