Por: Eduardo Alvarez
Estamos ante un desatino catastrófico que se refleja de inmediato en el comercio formal, el mismo que está obligado a pagar impuestos. De manera que el propio Estado esta siendo perturbado por semejante irracionalidad. Fenómeno que promueve los negocios y empleos informales, con sus indeseables secuelas. Nadie te compra, te vende, ni te emplea sin evaluar tu historial crediticio. Comentaba uno de tantos ocurrentes que abunda en la red que incluso muchas mujeres revisan los data crédito antes de dar amores. De manera que las consecuencias están yendo más lejos. Incluso el nuevo banco estatal de los pobres ha caído en error de descalificar solicitantes por carecer de historial o tenerlo manchado. Pedirles solvencia a los pobres, ¡vaya paradoja!
Acontecimiento que convoca necesariamente a banqueros, distribuidores de electrodomésticos, muéblelos, constructores de viviendas y edificios comerciales, distribuidores de autos, en fin, a todas las empresas que compran y venden. Todos metidos en un remolino, atascados desaprovechando grandes posibilites de crecimiento. Otras sociedades más avanzadas han revisado y echando a aun lado las precalificaciones de solvencia, tras darse cuenta de que les reporta más beneficio flexibilizar posiciones en este sentido. Sabemos de comerciantes y empresarios que se han adelantado, tomando decisiones inteligentes, sin la rigidez asumidas por competidores. Y les ha ido muy bien. Tras obviar los fríos, desactualizados y no menos equivocados reportes de créditos, estos mercados han optado por establecer escalas en las tasas de financiamiento, conforme los riesgo de recuperación. Un cliente con mal crédito debe pagar un poco más, pero nunca excluido es su política. Lo cual es razonable. Suspender definitivamente las consultas, como ha ocurrido en varios países –incluyendo a varios estados americanos-, seria sin embargo una medida extrema para la que no estamos preparados.
Se ha hablado sobre la necesidad de regular a los servidores de información financiera personales. Llueven, incluso, las demandas sobre falsa y desactualizados informaciones y groseras invasiones a la privacidad. Negarle al individuo su derecho a trabajar, compras, vender y amar es una violación de los derechos humanos. Por tanto a la Constitución de la Republica, cuyos principios se basan en estos derechos
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