Por: Olaya Dotel
Las decisiones, recientemente emanadas de los tres poderes del Estado, le dicen a la ciudadanía que la construcción de su propio bienestar está en sus propias manos.
El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, así como de un conjunto de Ministerios, se negó a cumplir con la ley de educación para priorizar megaproyectos tales, como el Metro y el Corredor Duarte.
El Congreso Nacional decidió apoyar al Poder Ejecutivo, dándole la espalda a derechos fundamentales de la ciudadanía, como el derecho a la educación. No obstante, hay que reconocer que dentro del partido oficial hubo posiciones como las de la diputada Minou Tavárez Mirabal y el Senador Wilton Guerrero, los que vencieron todo tipo de presiones para legislar en función de los intereses de sus votantes.
El Partido Revolucionario Dominicano apoyó en bloque el cumplimiento de la ley de educación, mientras el Partido Reformista Social Cristiano fue coherente al cambiar de posición, para colocarse del lado de quien tiene el control del Estado, lo que no constituyó una sorpresa para nadie.
El Poder Judicial por su lado, desperdició una gran oportunidad para ejercer su papel como garante del Estado de derechos. Los magistrados, Sarah Henríquez Marín, presidenta; Judith Contreras Esmurdoc y Federico Fernández, desoyeron los ecos de la historia y se ganaron un lugar gris en la jurisprudencia dominicana.
Por tanto, la esperanza para conseguir solución a los problemas colectivos, que agobian a los dominicanos y dominicanas no está en manos de los gobernantes. Está en la capacidad de movilización y presión de la sociedad. La esperanza está en cada uno de los dominicanos y dominicanas, actuando hacia el mismo fin, que es recordarle a quienes gobiernan que el poder no es eterno y que las acciones tienen consecuencias.
Fuente: 7 dias.com
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