
El informe sostiene que la operación se llevó a cabo en violación a la Constitución, la Ley de Reforma de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.
Asimismo indica que el esquema comercial fue perjudicial para el Estado dominicano y que el interés público fue lesionado por el interés privado.
Considera que los trabajos de deslindes están afectados de errores y graves discrepancias. El Estado no debe reconocer las ventas y demandar nulidad.
La comisión está integrada por el Consultor Jurídico, Flavio Darío Espinal, y el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), José Dantés Díaz y el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet.
Listin Diario
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