La sentencia del Tribunal Constitucional que establece los criterios sobre la nacionalidad dominicana, cosecha cada vez más ataques de organismos internacionales. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y la Comunidad del Caribe (Caricom) se unieron al rechazo que hace varias semanas había externado la Organización de las Naciones Unidos sobre el fallo que establece que a los hijos de extranjeros ilegales no les corresponde la nacionalidad dominicana.Amnistía Internacional pidió la retractación del fallo al considerar que tiene “efectos discriminatorios”. Desde su sede en Londres dijo que la decisión podría tener “amplios efectos discriminatorios”, particularmente para los dominicanos de origen haitiano. “La total implementación de este fallo tendrá un efecto devastador en las vidas de cientos de miles de personas cuyos documentos de identidad serían cancelados y, por ello, verían muchos de sus derechos humanos -libertad de movimiento, educación, trabajo y acceso a la sanidad- totalmente negados”, apuntó Chiara Liguori, investigadora de AI en el Caribe.
Según la portavoz de Amnistía, es “totalmente injusto” que personas que llevan viviendo décadas en la República Dominicana “ya no pertenezcan al país o no tengan derechos dentro de él”.
CIDH advierte al país
La CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, expresó su profunda preocupación ante la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que establece los criterios sobre la nacionalidad dominicana “porque tiene un efecto desproporcionado sobre las personas de ascendencia haitiana”, tiene efectos retroactivos y que además es contraria a las disposiciones de esa corte en materia de derechos humanos. El organismo le advirtió al Estado dominicano que viola las obligaciones internacionales y reiteró “los múltiples” llamados que ha hecho para que respete el derecho a la nacionalidad de las personas.
“Esta decisión del Tribunal Constitucional va en sentido contrario a todos los pronunciamientos de la CIDH y viola las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, la decisión del Tribunal Constitucional pone en entredicho la voluntad del Estado de atender sus compromisos internacionales y los llamados de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos”, advierte el organismo a través de un comunicado publicado el pasado día ocho de este mes en su portal informativo.
El organismo refirió que la afectación desproporcionada de una actuación estatal en perjuicio de un grupo específico, constituye una forma de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado, por lo cual la sentencia del Tribunal Constitucional podría ser contraria al derecho a la igualdad y a la no discriminación. “La CIDH a través de sus diferentes instrumentos ha hecho reiterados llamados al Estado para adoptar medidas a fin de garantizar el derecho a la nacionalidad en el país. En el informe de la Comisión Interamericana en el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico contra República Dominicana, la CIDH recomendó al Estado adecuar su legislación y sus prácticas migratorias de conformidad con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica.
El organismo calificó de grave que el Tribunal Constitucional haya ordenado una auditoría al registro civil desde el 1929 debido a que eso dejaría sin nacionalidad a una gran cantidad de personas. “En este sentido, la Comisión llama al Estado a adoptar medidas para garantizar que no se prive arbitrariamente del derecho a la nacionalidad a ninguna persona, y a que no se implementen medidas que generen casos de apatridia” aconseja el órgano de la OEA.
Críticas son injerencia
Diputados consideraron como una injerencia en los asuntos internos el pedido de Amnistía Internacional de que sea revertida la sentencia del Tribunal Constitucional. También rechazaron las críticas del Caricom. Los legisladores René Polanco y Alfredo Rodríguez dijeron que la República Dominicana es soberana y libre de hacer lo que quiera, por lo que no procede que organismos internacionales le tracen pautas. Polanco dijo que esas declaraciones son una intromisión a una decisión que no fue adoptada por el Gobierno, sino por uno de los estamentos como lo es el Tribunal Constitucional.
“Entiendo que eso es una injerencia porque los organismos internacionales pueden sugerir, pero no dictar orden como pretende Amnistía Internacional, porque entonces a donde vamos a parar si los Estados no pueden tomar decisiones de manera libre y soberana sobre lo que es la migración en el país”. Dijo Polanco. El reformista Máximo Castro Silverio dijo que el pedido de Amnistía debe ser rechazado porque eso es como pedirle al país que renuncie a su soberanía.
“La sentencia se enmarca dentro de la Constitución de la República, pero nadie puede pedir que nosotros renunciemos a nuestra soberanía”, subrayó. En esa misma tesitura se pronunciaron los diputados Ramón Durán y Juan Morales del Partido Revolucionario Dominicano.
Feministas de América siguen con sus ataques
Las organizaciones y redes de América Latina y el Caribe presentes en la XII Conferencia sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe expresaron su preocupación por las consecuencias que conllevaría la aplicación de la sentencia 168-13, porque es en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana de varias generaciones, especialmente de mujeres, adolescentes, jóvenes y niñas. Según consideran, la norma incrementaría las violaciones sexuales y de violencia, los derechos reproductivos, así como la salud emocional de las familias de las féminas que resulten afectadas.
En tanto, la Academia Dominicana de Derecho calificó ayer la sentencia sobre la nacionalidad como una decisión valiente. “No es una sentencia retroactiva o la aplicación retroactiva del estatus de la nacionalidad como inelegantemente se alega, sino lo lamentable era del abandono e indiferencia de nuestras políticas migratorias, de registro civil y de irresponsabilidad política para asumir la solución de los múltiples dramas institucionales y humanos generados al amparo de la desidia”, considera la entidad. Critica que algunos sectores se aventuran al estímulo de una rebelión contra el estado de derecho y la cesión de la soberanía nacional ante jurisdicciones internacionales.
En tanto, la Academia Dominicana de Derecho calificó ayer la sentencia sobre la nacionalidad como una decisión valiente. “No es una sentencia retroactiva o la aplicación retroactiva del estatus de la nacionalidad como inelegantemente se alega, sino lo lamentable era del abandono e indiferencia de nuestras políticas migratorias, de registro civil y de irresponsabilidad política para asumir la solución de los múltiples dramas institucionales y humanos generados al amparo de la desidia”, considera la entidad. Critica que algunos sectores se aventuran al estímulo de una rebelión contra el estado de derecho y la cesión de la soberanía nacional ante jurisdicciones internacionales.
Caricom se sumó a órganos que critican
El Secretariado de la Comunidad del Caribe, con sede en Guyana, indicó que la sentencia “deja sin nacionalidad a decenas de miles de personas, en violación a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Solicitó al Gobierno dominicano proteger los derechos de “aquellos que quedaron vulnerables por el fallo y sus lastimosos efectos”. El Caricom es una entidad que agrupa 15 países de la región del Caribe.
Pendiente
Estudia La ONU en el país está analizando la consistencia del fallo con los tratados internacionales que tiene el país..
Estudia La ONU en el país está analizando la consistencia del fallo con los tratados internacionales que tiene el país..
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